Los murciélagos se levantan contra la intervención y regulación gubernamental

Los pequeños y medianos empresarios, representados por el patronato Cepyme, alzaron su voz contra la «intervención» y la «soberanía» del Gobierno. Durante la Asamblea General, diversos empresarios difundieron un manifiesto «por la libertad de empresa», en el que expresaron su compromiso y preocupación por las políticas que afectan las relaciones corporativas. En el acto, el Congreso de Representantes del Gobierno contó con la presencia de José Luis Escrivá, aunque también intervinieron la alcaldea de Dardos y la vicepresidenta segunda y ministra de Trabajo, Yolanda Díaz.

El acto fue recogido por el presidente de CEOE, Antonio Garamendi, y el presidente de Cepyme, Gerardo Cuerva. Cuerva denunció en su discurso que las medidas del Gobierno suponen un ataque injusto y lesivo a los derechos de las empresas y al país, mencionando el artículo 38 de la Constitución Española que garantiza la libre constitución de las empresas.

El manifiesto de las protestas españolas por la libertad de empresa destaca las líneas rojas que el Gobierno no debe seguir para no interferir en el buen funcionamiento de las empresas, evitando presiones y obstáculos en su desarrollo. En resumen, cuestionan la libertad empresarial, oponiéndose al intervencionismo y la estigmatización del emprendedor. Cepyme quería que las empresas obtuvieran beneficios en un entorno regulatorio más justo.

Durante la lectura del manifiesto, los pequeños empresarios españoles defendieron «la dignidad y la libertad empresarial». Según Cuerva, «la situación ha sido comunicada oficialmente al Gobierno».

El recargo legislativo y la intervención en cuestiones como salarios e impuestos han afectado el correcto funcionamiento de las empresas. “Somos exigentes en resolver esta situación”, afirmó Cuerva.

Dignidad corporativa, costos y control político

Los empleadores colaboran intensamente con los sindicatos en reformas importantes y negociaciones colectivas. Acusó al Gobierno de intentar romper el equilibrio interno de las relaciones sociales denunciando jornadas laborales e injusticias en el trabajo.

Critico que en los últimos años se haya utilizado el diálogo social con fines políticos para buscar el bien común. Las tensiones actuales en la mesa de diálogo social coinciden con la implementación de las reformas. “Pedimos protección gubernamental para la organización interna de las empresas”, piden. Cepyme se negó a presentar una propuesta alternativa y ahora presenta este manifiesto, buscando fomentar el diálogo social y la negociación colectiva, y exigiendo mayor responsabilidad al Gobierno.

«Pedimos garantizar la protección gubernamental en la organización interna de las empresas».

Los empresarios entienden que el Gobierno está imponiendo una política de aumento de costos, gastos burocráticos, fiscales y sociales. También afirma que los jóvenes son víctimas de la estigmatización del emprendedor, basada en la búsqueda de ventajas y resultados. Reivindicar el papel de las empresas en la sociedad y la economía.

A Díaz se le pidió un análisis adecuado sobre la productividad, los costos laborales y la vulnerabilidad de los sectores más afectados por la reforma laboral. «Hay injerencias políticas en la realidad del tejido productivo español», critica. «Hemos pedido a los afectados que no implementen decisiones que tengan un impacto directo en la productividad y el funcionamiento de muchas empresas.»

Control, sobrerregulación y rigidez

Informar al Gobierno de la implementación de «medidas de control, supervisión y sanción» que reflejan una falta de confianza en el cumplimiento normativo por parte de las empresas. Prolifera el intervencionismo a través de normativas, registros y planes de eficiencia energética que aumentan la carga burocrática.

«Pedimos limitar la influencia del Gobierno en el funcionamiento y organización interna de las empresas y garantizar su flexibilidad. “Imponer modelos europeos de flexibilidad sin adaptarlos correctamente será un error costoso para todos los ciudadanos españoles”, afirman.

Este punto incluye diversos aspectos relacionados con la flexibilidad, como el aumento de los costes laborales, la ampliación de las causas de compensación y la intervención sobre los salarios, incluido el salario mínimo y la reducción de los costes laborales en los últimos años. “Interferir en el funcionamiento interno de empresas relacionadas con el gobierno viola los derechos de propiedad, la toma de decisiones y la capacidad de responder a un entorno en constante cambio”, concluyen.