Narcotráfico en barrios: síndrome de pobreza estructural

Las adicciones a sustancias psicoactivas constituyen un problema de salud que degrada la capacidad de rehabilitación humana y de integración social a nivel personal, familiar y colectivo. Tan bien el drama afecta a todos los grupos sociales, las principales víctimas son los jóvenes, especialmente aquellos que son socialmente excluyentes y carecen de estructuras sociales, comunidades familiares y/o de apoyo, contención y asistencia. Sin duda, esto debido a la ausencia una vez más de un Estado capaz de ocuparse de la prevención, atención y solución de los problemas cruciales de la sociedad.

En este contexto, la venta ilegal de drogas en los espacios urbanos, la conformación de organizaciones criminales detrás del negocio, la lucha entre bandas por el control de los territorios y de las víctimas, la creciente cooptación de familias, jóvenes y adolescentes para formar parte del negocio y de sus riesgos, y, no menos importante, la colusión de actores políticos, policiales yjudices, sea como socios o cómplices, son fenómenos brutales corrientes –aunque no tan visibilizados– de una sociedad abrumada y desgarrada por la pobreza y las desigualdades crecientes, a la vez que se sometieron a la incapacidad de los actores políticos para hacer causa común alrededor de problemas urgentes.

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La evidencia del caso de que se agudiza y amplía un problema de equilibrio nacional ha ido creciendo durante las últimas décadas a nivel general. En promedio, cada cada hogar a nivel nacional (26.5%) identifica la existencia de venta y/o tráfico de drogas en su cuadra, manzana o vecindario, pero este promedio encuentra fuertes diferencias. Esta situación está presente (visible) en el 12,1% en la Ciudad de Buenos Aires, pero en un 31,1% en el conurbano bonaerense y en un 32,8% en el Gran Rosario, en ambos casos por arriba de lo que ocurre en otros grandes y medianas ciudades del país (26,7% y 25,7%, respectivamente). La ausencia de presencia o vigilancia policial incrementa el riesgo de venta o tráfico de drogas en los barrios en un 36,3%. Sin embargo, esa vigilancia existe solo para reducir el riesgo al 22%.

Ahora bien, en la medida en que los territorios se hacen más pobres, más lejos queda la gente de la protección del Estado, a la vez que más cerca del poder paralelo del narcotráfico. De hecho, si la venta y consumo de sustancias ilícitas atraviesa toda la estructura social, es en los espacios urbanos más vulnerables donde adquiere mayor penetración, visibilidad y las consecuencias más graves, formando parte estructural de la vida económica y social de los barrios más pobre. El dato es revelador: en las villas o asentamientos, la percepción de venta de drogas sube al 49.2%, así como al 41.2% en los barrios populares de la class baja. En los barrios de clase media este riesgo cae al 20,3% y en los de clase media alta al 3,9%. In estos barrios no es que no exista el problema, pero es menor su prevalencia, así como también su visibilidad.

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Asimismo, tan bien llama la atención que el problema se ha presentado con mayor frecuencia en las villas y asentamientos de la Ciudad de Buenos Aires (65,1%) o de las ciudades no metropolitanas (64,3%), está mucho más extendida en los barrios populares de el conurbano bonaerense y otras ciudades metropolitanas. Siempre que ocurre en el Gran Rosario es generalizado, es obvio que el problema es más grave: la presencia de expendio de drogas alcanza en esta ciudad los valores comparativos pero elevados, a veces a nivel de villas y asentamientos a nivel general ( 76,3% y 32,8%, respectivamente), incluso cuando exista presencia policial en el barrio (38,6%).

El tráfico y la venta de drogas en los barrios populares es una actividad económica que se apoya en una red de organización no muy compleja, pero de mucho poder local debido a que ha podido ampliar la penetración entre los jóvenes, la participación de redes familiares , la ausencia del Estado y/o su convivencia con las fuerzas de seguridad. Dado sus altos niveles de rentabilidad a un amplio conjunto de actividades y actores que operan por fuera de la economía abarca formal, y sus agentes compiten entre sí a través de la violencia y el reclutamiento de jóvenes, en un mercado sin reglas ni regulaciones, sometido a las leyes de la violencia y el crimen.

En este sentido, no debe llamar la atención de que la venta de drogas en los barrios desciende de manera poco relevante ante una mayor presencia policial, con excepción de los barrios de nivel socioeconómico medio o alto, donde la presencia de fuerzas de seguridad logra mayor impactado. Esto estaría indicando que en los barrios más pobres o medios no profesionales existe falta de control, falta de efectividad o connivencia policial con esta forma de comercio ilegal. Sin falsas garantías, la prevención del consumo de sustancias psicoactivas debe pasar por impedir la libre distribución y comercialización de las drogas. En este caso, la conducta preventiva debería concentrarse en intervenciones que interrumpan la producción, venta y tráfico de drogas a nivel social.

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In hogares donde son más precarias las condiciones socioeconómicas, educativas, laborales y residenciales se registran mayores índices de dependencia de drogas y tráfico ilegal. Mejorar la calidad educativa, crear un hábitat inclusivo, acceder a mejores escenarios de vida y trabajar sus factores que reduzcan significativamente los riesgos de adicciones, actividades ilegales y violencia social entre los sectores más pobres.

Por lo mismo, la lucha contra el narcotráfico no puede requerir en una acción represiva sobrio a las víctimas de las adicciones, sino que debe fundarse en extremar acciones para perseguir el negocio, reprimir a su responsable y disolver à las organizaciones delictivas, circuitos económicos y políticos y de seguridad que protegen y promueveeven la venta y consumo de drogas ilegales. Para ello es necesario establecer un consenso amplio entre las fuerzas políticas y organizaciones sociales del país sobre políticas estratégicas que tengan como objetivo prioritario tanto combatir el delito organizado como promover la inclusión social de las poblaciones en riesgo, en clave tanto nacional, provincial como municipal.

*UBA/CONICET – Observatorio de la Deuda Social Argentina/UCA.