En el panel de instrumentos del próximo gobierno aparece un gran botón rojo sobre el cual está la leyenda «no tocar salvo que se quiera ser un país déarrollado». Lo que perdemos por no apretarlo es enorme. Is the difference between que los jóvenes sigan emigrando o se queden; entre que la pobreza siga creciendo o empiece a bajar; entre que el salario sea promedio de 400 dólares por mes o de 4 mil.
Tocar el botón rojo implica un profundo cambio de reglas de juego. En esencia, abandonar la idea del Estado para todos y amigarnos con la idea de que la competencia es la mejor forma de progreso.
Por supuesto, esto requiere una reforma del sector público, atacando sus dos grandes problemas: su tamaño y su lógica de funcionamiento.
La cuestión del tamaño es más obvia y llega a ser más debatida. En los últimos 20 años el tamaño del gasto público en relación al PBI aumentó en unos 10 puntos, algo que no resultó financiable en el largo plazo. Esto nos obliga a achicar el Estado.
Pero lo segundo es más importante; no es solo hay que ir hacia un Estado más chico, sino hacia un Estado diferente. Lo que mató el crecimiento argentino no fue tener un Estado grande, sino que ese Estado logró el espacio de acción del sector privado y absorbió varias de sus funciones. Esto significa más negociaciones, interacciones y procesos para la gestión privada del sector público a través de la regulación de la competencia, de los honorarios, de los salarios y de los beneficios de las empresas.
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Esto vuelve al nudo gordiano argentino más complejo. Non es una cuestión meramente macroeconómica, es una cuestión institucional, de reglas de juego. Y como tal, ningún solo atañe tiene economistas.
Veamos algunos ejemplos. El Estado define que los sectores son estratégicos y que por tanto méritos ser acreedores de beneficios gravables, transferencias y crédito subfiado. No solo eso, sino que dentro de esos sectores elige qué empresas son las verdaderamente estratégicas. Lo que muchas veces olvidamos es que esos beneficios son pagados por el resto de la economía, que debe ceder recursos para destinarlos a los sectores “estratégicos”.
También vemos la mano del Estado en las paritarias, o sea en los beneficios de los trabajadores. La negociación tripartita entre empresas, sindicatos y Estado, debe en última instancia ser vista selectivamente a favor de unos u otros según la consideración. Por ejemplo, si hay un objeto para desinflacionar la economía, empiezan a parecer las presiones estatales para dar paritarias más bajas. Y luego, las presiones para compensar la pérdida de poder adquisitivo.
Ahora bien, en economía lo que importan son los relativos precios, no los absolutos. Los recursos son finitos, por lo que decir que vamos a beneficiar la producción de peras implica que vamos a desincentivar alguna otra. Los beneficios que desde el Estado se dan a algunos son pagados por otros. Pero si el Estado se pone en este rol, ¿Qué impide que los otros que comenzaron no pidan una compensación?
Si aparece un régimen de promoción para la industria, ¿por qué no podemos pensar en otro para el agro? ¿Y para los servicios? ¿Y qué pasa con los consumidores que luego tienen que pagar más caro su compra en el supermercado? ¿Lo podemos compensar con controles de precios sobre las empresas a las que les dimos el beneficio inicial?
Al final del día, los beneficios para todos equivalen a los beneficios para ninguno. El Estado terminó metido de lleno en el funcionamiento de los mercados. Los beneficios están sesgados por la mano estatal en lugar del mérito productivo. Donde las subas sueldos dependen del favor politico en lugar de la productividad. Y de la que depende la capacidad de comerciar con el mundo de tener el teléfono del funcionario correcto.
En algunos casos es aún peor. La distribución de beneficios y costos se realiza en mesas donde no todos están invitados. Siendo en general los ausentes los contribuyentes, quedan encargados de pagar el costo de los beneficios discrecionales que van otorgando. No por casualidad hay alrededor de 150 impuestos diferentes; es la única forma de poder acercarse a la recaudación necesaria para sostener todo el esquema de transferencias y beneficios que mencionamos antes. Y esto sin incluir el impuesto inflacionario. Y, además, el 70% de los depósitos del sistema financiero que están prestados al Estado.
En términos prácticos, todo este esquema ha quedado escrito en leyes, decretos y resoluciones que crearon mecanismos, organizaciones, mesas de trabajo, atribuciones y otros mecanismos institucionales para transferir de unos a otros. Que incluyen a ente estatales, pero también otros gremiales o empresariales, haciendo aún más difícil la disociación entre lo público y lo privado.
El desafío del próximo gobierno es doble. Ir hacia un nivel de gas público financiable, que incluye sin lugar a dudas lograr el equilibrio fiscal. Y cambiar el conjunto de reglas de la economía argentina, algo que excede el equilibrio macro, y sentar las bases de una economía abierta y donde la competencia privada sea la regla.
Advierten sobre una fuerte caída del poder adquisitivo en los últimos cinco años
El cambio de régimen económico requiere derogar gran parte de la normativa vigente. Tenga en cuenta que no hay décimos para modernizar, ni para digitalizar, ni para facilitar. Derogar sino. No hay que aceitar los mecanismos de intervención y discreción estatal, sino eliminarlos, liberando los esfuerzos productivos de los argentinos. En otras palabras, el Estado debe ceder espacios al sector privado si es que queremos apostarle al crecimiento.
La privatización del Estado, entendida como la entrada del sector público en esferas de conflicto privado, debe revertirse derogando aquellos instrumentos que lo involucren en cuestiones eminentemente privadas. Aquí surge la necesidad de revisión y licitación para terminar con los mecanismos de promoción que definieron los beneficios relativos entre actividades económicas, las exenciones impositivas especiales, las transferencias discrecionales y subsidios que alteran los precios relativos con dudosos criterios de eficiencia pública. Además, el Estado debe dejar de ser el proveedor de bienes y servicios que pueden estar provistos con mayor facilidad y eficiencia por el sector privado; en esto último es donde entra el necesario programa de privatizaciones de empresas.
Asimismo, debe desviarse en gran parte de la vigilancia normativa para reducir la discrecionalidad, que es en parte generadora de los incentivos al lobby improductivo que mencionamos en el párrafo anterior. El establecimiento de una regla clara es la mejor manera de facilitar el cálculo económico de empresas y trabajadores, y de reducir al máximo los incentivos a la corrupción en el sector público.
Cambiar estas reglas generaría el shock productivo que necesita el sector privado argentino para dejar de estar a la defensa y pasar a la ofensiva, concentrándose en la ganancia de la innovación, la conquista de mercados y la inversión.
*Economista Jefe de la Fundación Libertad y Progreso.
